El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº10 de Valencia ha estimado el recurso interpuesto por la concejal de Paiporta Isabel Martín y ha declarado contraria a derecho la expulsión de su grupo municipal. Una expulsión por la que la edil quedó en situación de concejal no adscrita perdiendo capacidad para desarrollar su labor de oposición.

Tal y como ha venido defendiendo la concejal desde el principio, esto ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales y así lo ha ratificado el Ministerio Fiscal y el Juez.

La sentencia viene a ratificar i salvaguardar los posicionamientos de Martín, los cuales fueron expuestos y debidamente acreditados frente al pleno municipal y rechazados por el Partido Popular y Esquerra Unida que decidieron hacer efectiva la expulsión.

El Juez hace hincapié en la diferencia entre formación política, coalición de partidos y grupo municipal, dejando claro que la concejal no abandonó el grupo en que estaba integrada desde el principio de la legislatura y por tanto no es de aplicación el artículo 73.3 de la LBRL, tal y como alegaban PP y EU.

En cuanto al informe emitido por el secretario de la corporación municipal y el cual se basa en que la mayoría del grupo abandona la formación política (en referencia al abandono de EU por parte de la concejal) el Juez expone que “no se produce el hecho de que la mayoría de los concejales del mismo hayan abandonado la formación política que presentó la candidatura, pues el Grupo Político Municipal está formado por dos concejales y desde un punto de vista puramente matemático uno es la mitad de dos, y no la mayoría por razones evidentes”.

Con esta sentencia se evidencia que las actuaciones de la actual dirección de Esquerra Unida del País Valencià contra quienes no piensan como ellos no se están ajustando a derecho. A nivel laboral la justicia ya consideró ilegal el despido de algunos de los trabajadores de la formación y a nivel político la justicia les acaba de parar los pies en su intento de coartar los derechos fundamentales de los concejales que han sido críticos con la dirección.Martín espera ahora que el Ayuntamiento de cumplimiento a la resolución judicial y reponga la situación original, anulando la resolución del Pleno en la que se le asignaba al grupo de No Adscritos, y devolviéndole así a su condición de Portavoz de Grupo con todas las prerrogativas i derechos inherentes al cargo.